La vicepresidenta electa, Carolina Cosse, encabezará este lunes la primera reunión efectiva de coordinación interpartidaria en el Poder Legislativo. Como si fuera una partida de truco, el encuentro servirá para que todos los jugadores comiencen a orejear las cartas.
El nuevo gobierno pondrá sobre la mesa los cargos que está dispuesto a ofrecerle a la oposición en la gestión de las empresas públicas, y explorará en qué grado puede contar con sus votos para sus principales iniciativas programáticas, en un escenario en el que le faltan dos votos para la mayoría en la Cámara de Diputados. La oposición tampoco tiene asegurada allí la mayoría por sí misma, por lo que la articulación, el diálogo y la negociación serán una tarea diaria.
La Coalición Republicana, que debutará en su rol opositor, dejará que el Frente Amplio mueva primero y sea el que ponga sobre la mesa una hoja de ruta, al tiempo que intentará una articulación interna que, algunas veces, fracasó cuando le tocó ser oficialismo.
“El nuevo gobierno es mano”, le dijo a El País el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez. Los blancos, la primera minoría opositora, mostraron su disposición a acordar en temas que consideren fundamentales para el país. No obstante, advirtiendo que, como en toda negociación, el gobierno también deberá “transar” si quiere llegar a acuerdos.
En esta primera reunión, según Rodríguez, todo se limitará a “tomar nota” de los planteos del nuevo oficialismo.
Desarchivos varios
Por lo pronto, los blancos ya tienen en carpeta algunos proyectos propios para promover. Rodríguez dijo que se insistirá con las modificaciones -que el gobierno de Luis Lacalle Pou promovió sin éxito- a la Ley sobre Violencia Basada en Género. También se volverá a presentar la idea del senador Luis Alberto Heber para que vivir en la calle “sea delito” y que sus responsables cumplan trabajo comunitario.
En el Partido Colorado, por otra parte, hay planteadas “líneas rojas” con respecto a eventuales propuestas del nuevo gobierno. Eso sí, se aguardan con expectativa los lineamientos que tendrá el “diálogo social” que prometió el gobierno de Yamandú Orsi destinado a reformar nuevamente el sistema jubilatorio.
El diputado colorado Conrado Rodríguez precisó -sobre una eventuales cambios en la seguridad social- que no votará nada que signifique poner en cuestión la vigencia del sistema mixto y las administradoras privadas (AFAP) dado que lo considera “inadmisible”.
Rodríguez, además, volverá a presentar en la primera sesión de esta legislatura su proyecto para una ley interpretativa relativa a la última reforma de la seguridad social. El cambio que propone está vinculado a la bonificación que deben recibir los actuales “cuarentones” en el cálculo de su pensión jubilatoria. Los colorados, por otra parte, presentarán un proyecto de ley para habilitar el voto cruzado entre candidatos departamentales y municipales, en línea con el planteo que recientemente presentaron, sin éxito, ante la Corte Electoral.
Cabildo y el PI
El diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, irá a la reunión de este lunes a “escuchar”. En su partido los planteos que se reciban por parte del nuevo gobierno serán discutidos con el líder de esa formación, Guido Manini Ríos.
Perrone dijo a El País que algunos temas generan “ruido”. Entre ellos, el planteo de la futura ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, de revisar algunos aspectos de ley que hizo cambios en la regulación del aborto.
También dice que hace “ruido” la designación de Daniel Radío (Partido Independiente) al frente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), luego de haber encabezado la Secretaría Nacional de Drogas.
Perrone indicó que Cabildo Abierto pretende impulsar una nueva ley sobre regulación de suelos forestales, revisar la Ley sobre Violencia Basada en Género, e insistir con una ley que obligue a que todos los contratos y concesiones que superen un período de gobierno deban contar con aval parlamentario.
Cabildo Abierto aguarda, además, la resolución de la Corte Electoral sobre el pedido de ratificación de firmas de su propuesta de reforma constitucional “Contra la usura y por una deuda justa”, que tiene en el centro las deudas de personas físicas. Si el planteo no prospera por esa vía, Perrone adelantó que su partido volverá a presentar un proyecto de ley.
Gerardo Sotelo, el único diputado que tendrá el Partido Independiente, mostró su disposición a colaborar en este nuevo esquema político, sin desconocer las diferencias ideológicas que en algunos aspectos lo pueden separar del Frente Amplio. El legislador señaló que pretende trabajar en medidas vinculadas a la primera infancia y se mostró crítico con los resultados de las políticas de seguridad.
Por otra parte, se reunió varias veces con el diputado Federico Preve (Frente Amplio) para articular un nuevo proyecto que regule la eutanasia. En su opinión, se debe trabajar en paralelo por la extensión del acceso a los cuidados paliativos.
Salle dice que no vota “nada” y que quiere investigar “genocidio”

Con dos diputados, Identidad Soberana reivindica ser la única fuerza política “antiagendista” en el Parlamento. “Ninguna”, respondió su líder, Gustavo Salle, sobre su disposición a votar iniciativas del nuevo gobierno, al que acusó -al igual que a la Coalición Republicana- de responder a la “agenda 2030” promovida desde los “centros internacionales hegemónicos y plutocráticos”.
Salle, que apoyó la propuesta de plebiscito impulsada por el Pit-Cnt para reformar la seguridad social, dice ahora que no apoyará el “diálogo social” para modificar al sistema. Su argumento es que “hubo una expresión popular de democracia directa”, en referencia al resultado del plebiscito que ratificó la ley vigente. En esa línea, añadió: “Cuando el pueblo se expresa, el representante tiene que acatar”.
Entre sus prioridades legislativas, el abogado y diputado mencionó que presentará un proyecto para desmantelar “el golpe de Estado técnico” que, a su juicio, representó la implementación del Código del Proceso Penal vigente desde 2017 y la descentralización de la Fiscalía. “Un nicho de impunidad”, como la describió.
Por otra parte, Salle adelantó que promoverá la creación de una comisión investigadora que indague sobre la participación del actual gobierno uruguayo en el “genocidio” que, en su opinión, representó la política que se implementó durante la pandemia. Quiere indagar en particular sobre la administración de vacunas, los acuerdos económicos a los que se llegaron para su adquisición y la actuación del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), , que trabajó con el gobierno en este proceso.
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